August 26, 2002

Re:  Garcia v. Veneman, C.A. No. 1:00CV2445

United States District Court for the District of Columbia

Imagínate, si puedes, que tu continuación en tu profesión eligida dependia en la buena voluntad de tres a cinco de tus competidores ha aprobar cada año tu aplicación para un empréstito. Y imagínate además que tus competidores tienen mucha discreción en interpretar criterio como "caracter," "solvencia," y "experiencia" en decidiendo tu elegibilidad para estos empréstitos necesarios. Penasamos que encontrarias este proceso "Kafkaesque" inimaginable. Sin embargo, esto es precisamente el proceso que agricultores latinos encuentran cuando quieren obtener credito y participar en el programa de beneficios dirigido por el Farm Service Agency ("FSA") del Department of Agriculture del United States.

Bajo un sistema que existe desde los años 1930, comités del municipio deciden si agricultores son elegibles para obtener credito y participar en el programa de beneficios. Historicamente, estos comités consisten de agricultores caucasiano de los municipios locales. Para servir en el comité, el agricultor tenia que ser elegible para participar en los programas. Así, los miembros del comité determinando elegibledad no solo fueron competidores como agricultores, pero competidores como prestatarios potenciales. Es fácil ver cuánto el sistema se presta a la discriminación rampante contra los minoridades desfavorecidos.

Nosotros representamos a una clase putativa de agricultores y rancheros latinos quien tienen una demanda contra el USDA, la que se titula Garcia v. Veneman, C.A. No. 1:00 CV 2445 (D.D.C.), antes el Juez Robertson en el District of Columbia. La demanda alega que el USDA ha discriminado contra los agricultores y rancheros latinos en la admininistración de los programas de crédito y no-crédito para la granja. Este caso, que fue iniciado por algunos de los mismos pequeños bufetes que manejaron el caso de los agricultores negros, es uno de varios iniciados por ellos en nombre de los agricultores latinos, americanos nativos, y mujeres atrás del convenio del caso historico de los agricultores negros, Pigford v. Glickman.

Probablemente, tu has visto unos artículos recientes sobre el caso de los agricultores negros y la controversia alrededor del caso. Ciertamente, parece que ser un esfuerzo concertado para usar aquella controversia para ofuscar la victoria sustancial logrado en el caso del Pigford y para desviar la atención fuera de la discriminación masiva dentro del USDA que continua cojear los agricultores de la minoría hasta hoy día. Mucho del descontento hacia el convenio en el caso de Pigford descende del hecho de que el proceso establecido para procesar demandas ha probado de ser mal entendido y el hecho de que algunos de los juezes considerando las demandas del convenio han mal aplicado la carga de la prueba resultando en apelaciones de aquellas decisiones.

El convenio entre los agricultores y el USDA estipuleó dos rutas para los agricultores– Ruta A y Ruta B. Agricultores quien tuvieron documentación limitada para soportar sus demandas podría elegir Ruta A. Aquellos agricultores tuvieron que demostrar que cultivaron o intentaron cultivar durante la época pertinente, aplicaron para un préstamo de USDA y que USDA nego el préstamo y que, en negar el préstamo, USDA les trató a estes agricultores menos favorablemente que a los agricultores anglos situados comparablemente. Agricultores quienes satisfacieron los requisitos recibieron $50,000, más $12,500 en pagos de impuestos, alivio de deuda y consideración de prioridad para futuros préstamos y participación en los programas. Agricultores quien creeron que habian sustentado daños mayores y tuvieron la documentación para aprobarlo podría elegir Ruta B, la cual proveó un mini-juicio de un día y no limite en daños. La gran mayoria de agricultores negros elegieron hacer demandas en Ruta A.

Aún con algunos de los juezes malaplicando la carga de la prueba, agricultores negros ganaron el sesenta por ciento de las aproximadamente 21,500 demandas en Ruta A, que tradució a aproximadamente 13,000 agricultores negros y un total, hasta hoy, de más que $800,000,000 en pagos y alivia de deudas a agricultores negros. (Según el Agricultural Census más reciente, habian aproximadamente 18,000 agricultores negros en los Estados Unidos en 1997 y, dado las tendencias históricas, el número es más bajo hoy. Significativamente, el USDA, el Department of Justice y algunos periodistas sugeren que el hecho de que solo 13,000 agricultores probaron discriminación significa de alguna manera que la discriminación no fuera y no es un problema grave en USDA.

Otro asunto respecto al convenio de Pigford es que mientras proveando por daños liquidados, alivia de deudas y ciertas prioridades para agricultores quien probaron discriminación, el convenio no puso en lugar mecanismos (1) para asegurar que la discriminación sea eliminada para siempre, y (2) para llevar transparencia a las prácticas de USDA en hacer préstamos para permitir una revisa efectiva de esas prácticas. Como consecuencia, agricultores negros, quienes perseguieron demandas por el convenio con éxito, se encuentran ellos mismos otra vez confrontando los mismos individuos y sistema que discriminaron contra ellos en el pasado y sigue discriminar contra ellos hasta hoy.

Se levanta el caso de los agricultores latinos bajo estas circunstancias. Diferente de muchos casos, este caso tiene que ver con hechos que no son disputados seriamente. Ciertamente, el USDA tiene una historia larga y bien documentado de discriminación que hemos puesto en crónicas, incluso descubrimiento de discriminación por el United States Commission on Civil Rights y Congress, y una admisión por el Secretary de entonces, Glickman, el defendido en el caso de los agricultores negros y el defendido original en el caso de los agricultores latinos. Increíblemente, no obstante la historia bien documentada de discriminición y el convenio histórico en el caso de los agricultores negros, USDA sigue discriminar contra los latinos y otros agricultores de la minoría. Rosalind Gray, Director anterior del USDA Office of Civil Rights, quizás ha resumido mejor la situación:

Este caso hubiera sido chocante hace treinta años mientras la nación buscó moverse más allá del legado de "de jure" y "de facto" segregación y discriminación. Hoy, es más aún chocante y horrible que los agricultores y rancheros latinos, junto con otros agricultores de la minoría, aún están afrontando discriminación cruda y virulenta perpetrado por el USDA, una agencia del gobierno, y financiado por los dolares de los pagadores de impuestos. Además, lo que es más increíble es que el caso de discriminación contra los agricultores y rancheros latinos esta bien documentada pero no se nombra durante un año de elecciones en lo que los partidos mayores buscan el voto de los latinos.

Una meta mayor del caso Garcia es conseguir alivia correctiva que sea significante y que dure con el propósito de sacar de la raíz la política y la práctica discriminatorio para siempre. Un componente crucial de aquello esfuerzo será conseguir transparencia suficiente para que, en el futuro, los programas de préstamos y beneficios de USDA pueda ser monitoreados fácilmente y cualquier problema que quede pueda ser rápidamente identificados y arreglados. El éxito de este esfuerzo beneficiará no solo los agricultores latinos, sino agricultores negros y, ciertamente, todos los agricultores quien buscan acceso justo y igual a los programas de crédito y beneficios de no-crédito de USDA. El caso también busca daños monetarios para ellos quien fueron victimas de la discriminación en el pasado.

Las dificultades encontradas en manejar el convenio de Pigford incitaron los bufetes manejando inicilamente los casos de Pigford y Garcia a invitar Howrey Simon Arnold & White, un bufete nacional de litigación con más que 500 abogados y una reputación de exelencia en litigación de casos complicados, a asumir un papel principal en al caso de Garcia. El bufete de Howrey tiene los recursos, la expertecia, y el cometido para enjuiciar el caso de Garcia agresivamente y eficazmente. Ciertamente, desde asumir control del caso, el bufete de Howrey ha persuadido la corte, sobre la objeción estrenuosa de USDA, fijar una feche firme para el juicio en el 17 de marzo, 2003, así accelerando el caso.

Si usted quiera aprender más sobre este caso y leer las declaraciones de muchos agricultores latinos contando sus experiencias con la discriminación de USDA, por favor visita a nuestro website en www.garciaclassaction.com y haga clic en "Case Summary." Mientras visitando nuestro website, tambien haga clic en "Docket and Filing." Allí, usted encontrará dos documentos de interés particular: (1) Plaintiffs’ Supplemental Memorandum In Support Of Their Motion For Class Certification, fechado 8 de abril, 2002 and (2) Plaintiffs’ Second Supplemental Memorandum In Support Of Their Motion For Class Certification, fechado 17 de julio, 2002. Con respecto al Memorandum de 8 de abril, 2002, le invitamos revisar en particular Exhibits 1, 2, 4, 7, 9 and 10. Con respecto al Memorandum de 17 de julio, 2002 le invitamos revisar Exhibits 8, 40 and 42. Si usted tenga alguna pregunta sobre este asunto, por favor llamale ó a Steve Hill en (202) 383-6967 ó a Ken Anderson en (202) 383-7303.

Stephen S. Hill and Kenneth C. Anderson